Nunca antes se había producido un ataque tan violento y selectivo contra nuestras comunidades en el mundo, orgullo de Italia y de todos los gobiernos que han existido hasta ahora; diré más: nadie habría imaginado que un gobierno atacaría con tanta virulencia y malicia los derechos esenciales de nuestros conciudadanos en el extranjero. Esto es lo que ocurrió el 27 de marzo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto que, de un golpe de Estado, eludiendo el Parlamento y todo el sistema de representación de los italianos en el extranjero, ha roto radical y probablemente de forma definitiva la relación histórica que siempre ha unido a Italia con su diáspora gracias a la ley de ciudadanía, que permitía la transmisión de este derecho a las futuras generaciones, incluso si nacían fuera de las fronteras nacionales. Un decreto que en el Parlamento, junto con mis colegas del Partido Democrático, intenté obstaculizar y corregir por todos los medios y en todos los ámbitos posibles: primero, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la de Asuntos Exteriores, con opiniones y enmiendas que pedían mantener y, en todo caso, fortalecer este vínculo, incluyendo elementos como el conocimiento del italiano, pero siempre en cumplimiento de los principios constitucionales de irretroactividad de las leyes y las normas internacionales que permiten la doble nacionalidad; luego, en la Cámara, donde intervine varias veces con la vehemencia, la pasión y la sinceridad necesarias, para explicar a todo el hemiciclo que el Parlamento italiano estaba cometiendo un error histórico del que pronto se arrepentiría. Un error cometido por el gobierno de Giorgia Meloni y sus dos vicepresidentes, Antonio Tajani y Matteo Salvini; un gobierno de centroderecha que niega sus propias raíces y las promesas que hizo a los votantes durante su última campaña electoral. Una decisión que, probablemente, como escribió un periódico de prestigio como el Financial Times y como confirmaron de alguna manera representantes de los partidos que apoyan al gobierno, estuvo influenciada por la presión de los Estados Unidos de Donald Trump, involucrados en una campaña de expulsión de inmigrantes sudamericanos, a menudo con ciudadanía italiana.

Durante la reunión con el Consejo General de Italianos en el Extranjero, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, respondió al emotivo llamamiento de la secretaria general, Maria Chiara Prodi, haciendo suyo el sentimiento de "desorientación" que, según este importante organismo, sería común hoy en día entre los italianos en el mundo, invitando a las instituciones a revisar esta norma que pronto, también tras la reciente audiencia pública, el propio Tribunal Constitucional declarará errónea por inconstitucional.

Por lo tanto, este boletín solo podía dedicarse a este asunto, por respeto a la numerosa comunidad italiana en el mundo que ha seguido su evolución con gran atención y aprensión. Ese respeto que hasta ahora ha faltado por parte de nuestras autoridades gubernamentales, quienes, en cambio, han preferido el camino del insulto y la ofensa a un debate serio sobre un tema que debería haberse abordado de manera competente y exhaustiva.

Los aniversarios de la presencia italiana en el mundo y las celebraciones del "turismo de raíces" se honran con hechos concretos y políticas coherentes y consecuentes; me opondré a la nueva ley de ciudadanía implementando todas las iniciativas políticas y parlamentarias para anular una ley errónea y desenmascarar la campaña mediática negativa orquestada por alguien que no comprende plenamente el valor histórico de la emigración italiana en el mundo.

Feliz lectura, por lo tanto, con mucha indignación por una nueva ley que, además de golpear el corazón de los italianos en el mundo, va en contra de los intereses de crecimiento y desarrollo de un país como Italia, que siempre ha tenido en sus comunidades en el extranjero un elemento fundamental e irremplazable de proyección internacional y afirmación del "Hecho en Italia".